Las “tortas” de Jorge Humberto Romero y las enseñanzas para el Lavado I

23/03/2019 | Info General |

El ex ministro de Salud de Ángel Rozas, Jorge Humberto Romero, fue condenado a una modesta pena por el único delito de bagatela que la Justicia penal de Resistencia no posibilitó que prescribiera, a diferencia del manejo presuntamente fraudulento de fondos del Programa Federal de Salud (PROFE). Dejaron pasar el tiempo para que se extinguiera la acción penal en un esquema que posibilitó que nunca más el ex ministro pueda ser investigado por el posible manejo irregular de fondos públicos que aparecieron en sus cuentas bancarias.

La “prescripción liberatoria” de Romero se concretó en una audiencia oral y pública que pasó desapercibida para casi todos. Así de simple y fatal fue el esquema aplicado. Este caso, paradigmático para la época, marca el largo historial de la Justicia penal de Resistencia en su tarea de brindar impunidad a funcionarios públicos sospechados de corrupción.

En el expediente quedaron marcadas todas las huellas digitales de los autores de la liberación de Romero por vía de la muerte de la investigación, que fue decretada en el proceso penal.

En el esquema diario, operativo y silencioso de la Justicia penal, el procurador Jorge Canteros no se expresó accidentalmente como lo hizo en su conversación con Eduardo Molina, vicepresidente de la Fiduciaria del Norte (FdN), tal cual se escuchó en el programa ADN conducido por el periodista Tomás Méndez en C5N el pasado miércoles 13 de marzo.

Simplemente quedó en evidencia, aunque no está acostumbrado en el funcionamiento cotidiano de la Justicia penal. Salvo pocas excepciones, gran parte de los operadores funcionan con la misma lógica y comparten objetivos, a pesar de que cada tanto entran en fricciones que luego se apagan y que conducen a lo mismo, que no es otra cosa que el fenómeno de garantizar impunidad y, en el mejor de los casos, la aplicación de penas modestas, siempre en libertad cuando se es funcionario público, salvo Horacio Rey y Cía., producto de los acuerdos entre poderes.

Los paralelismos fatídicos y las condenas organizadas

En la causa Romero se pueden establecer dos paralelismos. El primero de ellos es con la causa de las “Tortas de Pibernus”. El mismo modus operandi iguala a las operaciones ficticias que desplegó el ex vicegobernador de Rozas, Miguel Pibernus. El segundo es con la causa Lavado I. Como imputado, el ex ministro de Ángel Rozas utilizó los mismos planteos defensivos en sus declaraciones que los que desarrolló el presidente de la Fiduciaria del Norte, Sergio Slanac. Ambos funcionarios presumieron que los actos administrativos que se produjeron antes de que intervengan y el cúmulo de tareas los relevó de controlar los manejos de los fondos públicos.

Tres años en suspenso e inhabilitación perpetua

Jorge Humberto Romero fue condenado por la juez Gloria Beatriz Salazar a 3 años de prisión en suspenso por la Cámara Criminal 2, que se constituyó como un tribunal unipersonal.  Los dos jueces restantes, por distintas razones salieron del cuerpo colegiado. La única juez lo encontró responsable del delito de fraude que perjudicó el patrimonio público. Calificó la conducta del ex ministro como administración fraudulenta en diez casos.

Los hechos que le imputaron al ex ministro de Salud ocurrieron en el año 2001 y la módica condena se dictó en noviembre de 2018. A los 3 años de prisión en suspenso, la juez Salazar le sumó una “inhabilitación especial perpetua” para ejercer cargos públicos, quizás para aparentar que Romero recibió una pena proporcional a los delitos que cometió.

Romero estaba acusado de defraudar al Estado con las presuntas operaciones de compra ficticias para justificar gastos de un fondo fijo asignado a la Oficina de Información al Usuario y Seguimiento de Trámite, una dependencia creada por Decreto 1573/98, que fue firmado por el entonces gobernador Ángel Rozas.

Las investigaciones en contra de Jorge Huberto Romero estuvieron para ser elevadas a juicio en 2010. Desde ese momento y hasta noviembre de 2018 no pudieron llegar a debate. En el camino prescribió la posibilidad de condenarlo en la conocida “Causa PROFE”, en la que terminaron en cuentas propias recursos girados desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que debían destinarse específicamente para la cobertura sanitaria integral de más de 18 mil pacientes de los sectores más pobres y excluidos del Chaco. Ese universo de personas que debían asistir estaba integrado por aquellos que percibían pensiones no contributivas, que eran las madres con más de 7 hijos, los discapacitados y los que padecían invalidez laboral, además de los mayores de 70 años en situación de pobreza y excombatientes de Malvinas, entre otros.

El vergonzoso precedente Pibernus

La maniobra defraudatoria del ministro Romero fue prácticamente calcada a lo que hizo el ex vicegoberandor Miguel Pibernus en el caso de las “tortas”.

En el caso del ministro de Salud radical se armaron expedientes con pedidos de insumos hospitalarios, que luego quedó probado que fueron inexistentes, con beneficiarios fantasmas, a través de concursos de precios y compras simuladas para justificar los egresos de recursos  públicos del Fondo Fijo asignado a Carlos Delgado, quien falleció durante la investigación. Este funcionario era la mano derecha y el hombre de confianza de Romero y se desempeñaba como coordinador de la Oficina de Información al Usuario y Seguimiento de Trámite.

Era tan irregular el trámite en cada expediente armado para “justificar el gasto” de ese fondo que hospitales del interior, entre los que figuraron los de General San Martín, J.J. Castelli o Villa Ángela, supuestamente pedían insumos para servicios que no brindaban en las áreas de cirugía traumatológica, entre otros servicios hospitalarios, que aún hoy no se brindan, de modo que aparece increíble que el ex ministro desconociera esta realidad.

La maniobra fue detectada por una fiscal del Tribunal de Cuentas, Yolanda Gauna de Borelli, que puso al descubierto todo el circuito de corrupción en diez casos con el sistema de muestreo cuando ese Tribunal efectúa auditorías. En suma, el “fraude” cometido en tiempos de la convertibilidad representaría a hoy aproximadamente 870.812,78 pesos, apenas un vuelto si se compara con los más de 70 millones de pesos de la causa Lavado I. Es casi un parámetro de lo que la Justicia penal de Resistencia parece aceptar como competencia para intervenir.

Paradójicamente, Pibernus también fue condenado a tres años en suspenso con inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. A pesar de ser una condena más que moderada, Ángel Rozas nunca perdonó a los jueces Lidia Lezcano de Urturi, Raúl Yurkevich y Víctor del Río, que condenaran a su compañero de fórmula.

El vicegobernador de Rozas fue considerado autor penalmente responsable del delito de peculado, que significa un hurto contra el Estado por parte de aquel funcionario a quien está confiada la administración de los fondos públicos. Los hechos probados fueron 60 y ocurrieron entre los años 1998 y 2000.

El principio y final de la confianza

Hasta ahí todo parece asimilable al fraude cometido por el ex vicegobernador Pibernus, incluso en lo módico de las sumas estafadas al Estado. Parece que robaron poquito. Lo que emparenta a la causa del ex ministro Romero con el Lavado I es la justificación que los funcionarios dan defenderse y negar responsabilidades cuando son acusados de cometer delitos contra el patrimonio público. Repiten casi de memoria, que no sabían nada y que no podían controlar todo.

El poco saldo positivo que deja el fallo de la juez Salazar en su condena al ex ministro de Rozas es que no hizo lugar al argumento de la ruptura del “principio de confianza” que esgrimió la defensa de Romero, adjudicándole al fallecido Delgado toda la responsabilidad, cuando éste era el jefe de la Oficina de Información al Usuario y Seguimiento de Trámite. Lo que el ex ministro olvidó es que ratificaba toda la documentación que elaboraba Delgado, que fue una cuestión importante y bien puntualizada por el Tribunal de Cuentas.

Dijo la juez Salazar en su fallo aparentemente condenatorio que “Romero conformó facturas que sabía eran falsas para justificar los gastos del fondo fijo de la Oficina de Atención al Usuario pudiendo conformar su actuación a la norma no lo hizo, provocando una pérdida en el patrimonio del Estado. Sin interesar aquí, cuál fue destino de ese dinero por lo que al no adecuar su conducta a la norma, no le resulta aplicable aquí el principio de confianza alegado por su defensa”. Además, remarcó que “lo que juzgamos en el derecho penal son acciones y no resultados”.

Si algo se puede rescatar de la sentencia dictada por la juez Salazar es que consideró que Romero no había sido engañado por Delgado, sino que por el contrario, señaló que el ex hombre del gabinete de Rozas era “titular del Ministerio de Salud y encontrándose en el vértice de la escala jerárquica de la oficina de atención al usuario al conformar controlando tuvo el pleno dominio del hecho (…) tuvo el control de los trámites que efectivamente firmó para rendir las cuentas del fondo fijo”.

A partir de allí la sentenciante entendió que Romero tuvo la posibilidad concreta de actuar bien y que como no lo hizo fue “autor de los hechos” de corrupción.

¿Los mismos argumentos tendrán valor en la causa Lavado I?

Los principales imputados en la causa Lavado I, todos del gobierno de Domingo Peppo, y el ex ministro Romero del gobierno de Ángel Rozas coincidieron en afirmar que no pudieron efectuar controles para evitar los fraudes porque tenían mucho trabajo.

Sergio Slanac, presidente de Fiduciaria del Norte (FdN), en la causa Lavado I dio a entender que no efectuó mayores controles ni se opuso a las contrataciones que se digitaban en la Secretaría General que encabezaba Horacio Rey basándose “en la presunción de legitimidad de los actos de la administración pública”, aunque negó ser un funcionario público con lo que estableció un esquema múltiple e impreciso de negación de sus propias responsabilidades en el manejo de los fondos públicos en un organismo (FdN) plagado de actos irregulares con la complacencia del máximo poder político de turno.

Romero en su declaración de imputado en la causa en la que fue condenado dijo “concretamente, mi intervención era verificar si entró el pedido, si se habían dado los pasos a través de los respectivos responsables y finalmente conformaba para pasar a la Dirección de Administración. Lo que quiero aclarar con respecto a la autenticidad o no de los pedidos, esto era de imposible verificación por cuanto al reunir las exigencias administrativas (…) nada “hacía presumir que fueran falsos”.

Fuente: Centro Mandela


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