El asesinato de Sebastián Ponce de León: un caso de violencia institucional que se quiere ocultar

18/05/2019 | Info General |

El 31 de enero de 2019 Sebastián Ponce de León fue sometido a torturas que desembocaron en su fallecimiento diez días después. Fue detenido en un procedimiento que dejó más dudas que certezas, realizado por personal de la Policía de Chaco en Avenida 9 de Julio 5335 de la ciudad de Barranqueras. Los tormentos aplicados se mantuvieron ocultos hasta que Sebastián murió. Su fallecimiento, que se produjo el 10 de febrero de 2019, desnudó no sólo los severos castigos a que fue sometido, sino también el encubrimiento policial y judicial, además de las irregularidades que se produjeron en el Hospital Perrando.

Tres fiscales se negaron a investigar con distintos motivos.  El 24 de abril el Procurador General adjunto, Miguel Fonteina, tomó la decisión de que la investigación quede a cargo del Equipo Fiscal Coordinador C, que encabeza el Dr. Sergio Cáceres Olivera.

Las circunstancias en las que se produjeron los hechos que terminaron con la muerte de Sebastián abrieron sospechas fundadas sobre la existencia de un caso de sometimiento a torturas y tormentos, en un contexto de encierro y detención. El personal policial que intervino fraguó un procedimiento para relacionar lo ocurrido con un supuesto caso de violencia de género, que la familia considera que es falso y que se planeó para a ocultar el verdadero trasfondo de este trágico caso.

El único testigo del hecho, que es una persona con presuntos vínculos familiares que prestarían funciones de seguridad en Barranqueras, relató la existencia de cocaína y dinero dentro de la casa donde Sebastián fue vejado. La propietaria de la casa donde sometieron a torturas y tormentos al joven es una agente de la Policía Federal con la que mantenía relaciones y que fue suspendida en sus funciones. Sin embargo, la droga y la plata no fueron secuestrados y no figuran en los informes elaborados por la Policía.

Sebastián, un joven que presuntamente consumía drogas, sobrevivió diez días a la feroz paliza que le aplicaron. Luego de estar detenido durante 48 horas y hospitalizado en el Hospital Perrando, la familia recién pudo tomar contacto con él producto de que debía autorizarse que se lo dializara por la grave falla renal que cursaba.

El joven relató a su pareja estable, con la que tenía una hija, lo que había ocurrido. En todo ese tiempo ningún representante del Poder Judicial ni del Ministerio Público lo visitó. El fiscal que entendió en la presunta causa por violencia de género, Juan Martín Bogado, nunca se enteró de lo que había ocurrido salvo a través del relato de la propia Policía, que jamás le hizo conocer el grave cuadro de salud y riesgo de vida que cursaba el joven.

El fiscal Bogado ordenó una custodia en el shock room del Hospital Perrando, lugar en el que estaba alojado y detenido Sebastián, y dispuso que se le notificara la detención cuando se recuperara. Sin embargo, eso nunca pasó. Los familiares firmemente creen que el custodio policial era el mismo que estuvo presente en el lugar de los hechos el día 31 de enero.

Ponce de León no fue evaluado por ningún médico de la Dirección de Sanidad Policial, paso obligatorio que se debe producir apenas se detiene a una persona. Desde la Policía se argumentó que Sebastián “se negó” al examen médico por lo que supuestamente no pudieron constatar las lesiones, que sí fueron establecidas cuando el joven ingresó al Hospital Perrando. No obstante ello, los médicos de este Hospital nunca informaron a la Fiscalía el cuadro de salud del detenido, sino hasta que falleció.

El fiscal Bogado aceptó la versión de la causa de muerte (paro cardio-respiratorio) de Sebastián. Mientras tanto, todos se apuraban para entregar el cuerpo a los familiares sin que se le hiciera la autopsia. En ese momento, enterados de las circunstancias que rodearon a su detención, se presentó el padre del joven, Rubén Osvaldo Ponce de León, ante la Comisaría Primera de Barranqueras y denunció el asesinato de su hijo a manos de efectivos de la Policía del Chaco.

La Justicia Penal recién entonces tomó conocimiento de algunos hechos que determinaron la muerte de Sebastián. Según el informe médico efectuado en el Hospital Perrando, el joven murió por “insuficiencia renal aguda”. La autopsia practicada en el Instituto Médico Forense determinó que la causa de muerte fue por “rabdomiolisis” y dictaminó que tal patología estaba relacionada directamente con los politraumatismos (castigos) recibidos.

En medio de su relato ante la Policía y luego ante la Justicia, el testigo del procedimiento, presunto familiar de policías de Barranqueras, aseguró que al momento de la detención Sebastián no presentaba lesiones de ninguna clase. Sin embargo, según el informe de autopsia, la causa de la muerte fue la ruptura o destrucción de los tejidos musculares, además de advertirse signos de shock, hemorragia y edema pulmonar.

Están probados, entonces, los tormentos y las torturas a los que fue sometido Sebastián por el personal policial en la vivienda ubicada en Avenida 9 de Julio al 5335 de Barranqueras. Hasta ahora no están acreditados en la causa los nombres de la totalidad del personal policial que intervino en el procedimiento. Cuando esto ocurra podrá desentrañarse no solo quién o quiénes torturaron y vejaron al joven, sino también la posible causa de este penoso hecho que podría estar vinculado  la cocaína y el dinero que el testigo dijo haber visto en la casa, pero que no figuran en los informes policiales.

La hora del ocultamiento

Ya se sabe que para las 16 horas del 31 de enero de 2019 Sebastián Ponce de León estaba  detenido y a disposición del fiscal Bogado en la Guardia del Hospital Perrando. Sin embargo, de acuerdo a los informes preliminares efectuados por la Comisaría Primera de Barranqueras, recién a las 16.22 de ese mismo día se recibió un llamado al Servicio 911 solicitándose presencia policial por el supuesto hecho de violencia de género en el domicilio de Av. 9 de Julio 5335.

En el burdo intento de acomodar y ocultar los hechos para registrarlos en el expediente que luego fue elevado a la Fiscalía de Bogado, se cometió la torpeza de anotar un horario falso, que es una prueba lapidaria y prácticamente una confesión de los autores sobre los aberrantes hechos, crueles y degradantes, de los que fue víctima Sebastián.

De forma contradictoria, el procedimiento que supuestamente arrancó con ese llamado al 911 finalizó a las 16.47, de acuerdo a las actas labradas por la propia Policía. Recién después de esa hora el detenido debió haber sido llevado a Sanidad Policial, y desde allí supuestamente se ordenó su traslado al Hospital Perrando. El dato es que según los registros del Hospital Perrando, Sebastián ya había ingresado a ese establecimiento y estaba internado 47 minutos antes.

Se fraguó la presencia del detenido en Sanidad. Además se utilizó un móvil de la Comisaría Primera de Barranqueras, que cuenta con sistema de georreferenciación (GPS) para marcar un circuito dentro de los horarios anotados en el acta policial y dar aparente “legalidad” a todo el recorrido que la policía asegura haber hecho, y que resultó falso.

El escándalo es mayúsculo y estridente, tanto por acción como por omisión. Es la Justicia Penal que tenemos y que debe cambiar. Quedaron al descubierto posibles complicidades que pueden generar una situación concreta de graves responsabilidades institucionales compartidas de funcionarios de distintos poderes del Estado.

Ya se descubrió que en el entorno del caso se produjeron liberación de zona, armado de causa, desaparición de elementos probatorios importantes y que no secuestraron la droga y el dinero que estaban en el lugar. En ese escenario se aplicaron las torturas y tormentos. En ese contexto operaron guardia policiales asociadas y el funcionamiento irregular del personal del Hospital Perrando, que se mueven como compartimentos estancos, sin contacto con el Poder Judicial y a disposición de quienes están las personas privadas de libertad.

Morirse abandonado por el Estado

El fiscal Bogado no sólo que no investigó, sino que nunca tomó contacto con el detenido. Tampoco mandó a su ayudante fiscal, como es frecuente que lo haga. Aparentemente no se enteró de los graves hechos que habían ocurrido.  Contrariamente, de manera precipitada, ordenó la entrega del cuerpo de Sebastián a su familia para que fuera sepultado sin que ordenara la realización de la autopsia como medida básica e imprescindible en cualquier investigación penal. El desempeño de Bogado fue claramente irregular y reprochable, desde todo punto de vista, a tal punto que superó el pésimo funcionamiento de las gestiones de otros fiscales, que también se destacan negativamente y enlodan al Poder Judicial.

Tras la denuncia por asesinato que hizo la familia Ponce de León intervino la fiscal Ana Graciela González de Pacce, que caratuló la causa como “muerte dudosa”. Pero sólo lo hizo luego ver fotografías de Sebastián tomadas por familiares en el Hospital Perrando que reflejaban las secuelas visibles que demostraban que había sido sometido a torturas y tormentos, contradiciendo el informe del Hospital Perrando que sostenía que el joven falleció por un paro cardiorrespiratorio. Recién después de la denuncia de los familiares se dispuso que se realice la autopsia. Con los resultados que informó la Oficina Médica Forense, la fiscal Pacce se declaró incompetente y mandó el caso a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, a cargo del Dr. Daniel Turraca. Fue lo único que hizo bien.

Turraca, a pesar de los elementos que tenía en su poder, no investigó y se declaró incompetente. Para este funcionario las pruebas que ya estaban en el expediente no fueron suficientes para que entendiera que los policías que intervinieron en el procedimiento son los presuntos autores y responsables de la aplicación de torturas, tormentos y mortificaciones a Sebastián, que luego falleció mientras permanecía privado de libertad.

El fiscal de Derechos Humanos dio credibilidad a los dichos de la denunciante en la causa por violencia de género y del testigo del procedimiento, que indicaron que una persona no identificada fue el que le asestó un golpe (patada en la cabeza) a Sebastián cuando ya estaba reducido “sin violencia” por parte de la Policía.

Nunca se supo quién era esta persona ni si verdaderamente estuvo presente en la casa de la Avenida 9 de Julio en donde Sebastián fuera sometido a castigos extremos. Quizás fue un personaje imaginario.  En cualquier caso, los testimonios preconcebidos no debieron alentar ni determinar que el fiscal especial de derechos humanos se declarara incompetente. Por el contrario, debió activar inmediatamente la investigación y disponer las medidas más urgentes para determinar los posibles autores y responsables de este aberrante caso.

La Procuración General, por disposición del adjunto, Miguel Fonteina, y en consonancia con el retardo, obstrucción u ocultamiento en la tarea de esclarecer el caso, ordenó que la investigación quede a cargo del Equipo Fiscal Coordinador C, que encabeza el Dr. Sergio Cáceres Olivera.

Fonteina advirtió que en este caso “faltan producir y ordenar numerosísimas pruebas” que permitan desentrañar cómo ocurrieron los hechos. La resolución pone en evidencia la falta de trabajo de los tres fiscales intervinientes y representa a la vez un compromiso del que el Ministerio Público ahora no puede escapar.

Fuente: Centro Mandela


¿A quién votarías para presidente?